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En un país acosado por la inseguridad y la pobreza, la noticia del fraude en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) desató una tormenta de indignación y desesperación. Después de todo, estos fondos eran el único salvavidas para millones de hondureños. En una clínica de Tegucigalpa, Mabel, una ama de casa de 52 años, sostiene un sobre vacío donde deberían estar sus medicinas. “El dolor de cabeza me quita la vida, pero aquí no hay nada”, dice con la mirada perdida.
La corrupción no es un accidente en Honduras, es un sistema. El IHSS, creado en 1959 para administrar la seguridad social y la salud de los trabajadores, se convirtió en un caldo de cultivo para los desvíos. Las cotizaciones obligatorias de empleadores y empleados, destinadas a la atención médica y pensiones, se convirtieron en una mina de oro para los funcionarios corruptos.
En 2014, una auditoría interna reveló que Mario Roberto Zelaya Rojas, director del IHSS, y José Ramón Bertetty Osorio, subdirector, desviaron más de 300 millones de dólares. El mecanismo era simple y sofisticado: licitaciones amañadas, sobreprecios en medicamentos y pagos por servicios ficticios. El dinero era transferido a cuentas personales, y las redes de corrupción se extendían hasta el más alto nivel del gobierno.
La violación más profunda no fue el desvío del dinero, sino el daño a la vida de los hondureños más vulnerables. Juan, un trabajador de 45 años, relata cómo su madre murió por falta de medicamentos en un hospital del IHSS. “Me dijeron que no tenían nada. El día que falleció, llovieron promesas, pero ya era tarde”, recuerda con los ojos húmedos. La indignación popular estalló en las calles. Miles de personas protestaron, exigiendo justicia y el fin de la corrupción.
Liliana, una enfermera de 35 años, explica cómo el desfalco afectó su trabajo diario. “Antes teníamos todo lo necesario. Ahora, tenemos que improvisar con lo que queda. Los pacientes sufren, y nosotros también”, dice mientras ajusta una venda improvisada.
El escándalo forzó la intervención del gobierno. El presidente Juan Orlando Hernández anunció una comisión anticorrupción y reformas en el IHSS. Sin embargo, la justicia ha sido lenta y selectiva. En 2017, Mario Zelaya fue condenado a 20 años de prisión, y José Ramón Bertetty a 15. Pero muchos otros implicados siguen en libertad, y se estima que alrededor de 200 millones de dólares siguen sin ser recuperados.
Las reformas incluyeron una nueva Ley del IHSS para mejorar los controles internos, pero la desconfianza persiste. “Las leyes son buenas, pero la gente no cree que vayan a funcionar. Ya no confiamos en los políticos”, afirma Rafael, un abogado de 40 años.
El fraude del IHSS dejó cicatrices profundas en la sociedad hondureña. Reveló la impunidad que protege a los poderosos y la fragilidad de las instituciones que deberían velar por el bien común. El dinero recuperado, alrededor de 100 millones de dólares, no basta para sanar el daño causado.
En una clínica desolada, Mabel mira a su hijo pequeño y suspira. “Quisiera que creciera en un país justo, pero no sé si eso es posible”. El mundo cambia, pero los sistemas de corrupción permanecen, como un eco que se repite en el tiempo, recordando a las generaciones siguientes que la lucha por la justicia es eterna.
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