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En el vestíbulo del Palacio de Justicia, las columnas de mármol parecen escuchar en silencio. El edificio, icónico y majestuoso, es el escenario de una batalla legal que puede redefinir los límites del poder presidencial. El 13 de octubre, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio luz verde a la decisión del presidente Donald Trump de despedir a Rebecca Slaughter, comisionada de la Federal Trade Commission (FTC).
La cuestión que amenaza con trastocar décadas de precedentes legales es sencilla: ¿tiene el presidente el derecho de destituir a los jefes de agencias reguladoras que el Congreso ha protegido para garantizar su independencia? En 1935, la Corte Suprema sentó un precedente histórico en el caso Humphrey’s Executor que declaraba que el presidente no podía despedir a los comisionados de la FTC como si fueran miembros de su gabinete. Según este fallo, la FTC fue creada para desempeñar funciones quasi-judiciales y quasi-legislativas, lo que implicaba una necesidad de independencia política.
Sin embargo, en los últimos años, las interpretaciones han variado. Trump ha adoptado una postura más agresiva en el uso de sus poderes ejecutivos, y esta decisión de la Corte Suprema refleja esa tendencia. Temporalmente, la Corte ha permitido que Slaughter sea despedida mientras el caso se aborda en diciembre. Los tres jueces liberales de la Corte, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, disintieron, con Kagan escribiendo que la Corte «ha anulado casi» el precedente de Humphrey’s Executor.
Para los empleados de la FTC, la noticia fue un golpe inesperado. La oficina, ubicada en Washington D.C., es el corazón de la regulación de comercio justo en Estados Unidos. Todos los días, los funcionarios de la FTC trabajan para proteger a los consumidores y mantener la competencia en el mercado. Rebecca Slaughter, una demócrata conocida por su enérgica defensa de los derechos del consumidor, ha sido una voz crucial en este organismo.
“Hoy me despiden, pero continuará el trabajo que hemos construido para proteger a aquellas personas que más lo necesitan. El sistema no debería estar a merced de los caprichos de cualquier presidente,” dijo Slaughter en una conferencia de prensa antes de su remoción.
En el corredor, un empleado de la FTC, que prefiere mantener el anonimato, reflexiona: “Nunca pensé que vería el día en que la independencia de la FTC se pusiera en tela de juicio. Pero aquí estamos, luchando por mantener algo que siempre creímos incuestionable.”
Frente a esta decisión, la reacción del Congreso ha sido tibia. Algunos legisladores han criticado la acción, pero la división partidista ha impedido una respuesta unificada. “Es una señal peligrosa para la independencia de nuestras instituciones,” afirmó el senador Mark Warner. Sin embargo, otros han respaldado la decisión del presidente, argumentando que es una forma de asegurar la responsabilidad del gobierno.
Mientras tanto, grupos de defensa de los consumidores han elevado su voz. El Consumer Federation of America (CFA) emitió un comunicado calificando la decisión como un “retroceso significativo” para la protección del consumidor. “La FTC necesita líderes que estén dispuestos a desafiar a las grandes corporaciones, no a servirles,” dijo Mark Cooper, director de investigación del CFA.
En el silencio que sigue, la pregunta rebota en las paredes de mármol del Palacio de Justicia: ¿Hasta dónde puede llegar el poder presidencial? La respuesta podría definir no solo el futuro de la FTC, sino también el equilibrio de poder en el propio sistema de gobierno estadounidense.
“El mundo está lleno de decisiones que determinan el rumbo de nuestras vidas. Pero que una sola persona tenga el poder de deshacer la labor de tantos, eso es algo que nadie nos explicó,” susurró un viejo empleado de la FTC, mientras recogía sus pertenencias y se preparaba para dejar un lugar que alguna vez pensó sería su hogar.
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