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En el vestíbulo del Hospital del Seguro Social de San Cristóbal, las puertas de cristal se cierran tras una paciente que sale con paso tranquilo, acompañada por una amiga. “Todo salió bien”, murmura, mientras su voz resuena en el pasillo vacío. Pero más allá de las paredes limpias y los carteles oficiales, un entramado de negocios oscuros se despliega en silencio.
El jueves 11 de enero de 2024, Cristian Rico asumió la dirección del Hospital del Seguro Social de San Cristóbal, uno de los centros asistenciales más grandes del occidente venezolano. Su nombramiento, gestionado desde la oficina regional de Salud a cargo de Rafael Medina —hombre de confianza del gobernador Freddy Bernal—, levantó suspicacias entre el personal médico. Documentos internos y testimonios de trabajadores revelan que el actual director estaría autorizando cirugías estéticas a particulares, cobrando en efectivo, mientras medicamentos de alto costo asignados por el Estado “desaparecen” en tránsito. Este medio tuvo acceso a las pruebas.
Fuentes internas consultadas por este medio —quienes pidieron anonimato por temor a represalias— aseguran que Rico replicó en el Seguro Social el modelo que ya había implementado en el Ambulatorio Puente Real: priorizar servicios que generan ingresos directos, descuidar los que no “producen”, y permitir el ingreso de médicos externos a cambio de una tajada.
“Él no mira necesidades médicas, mira caja. Si un servicio no da dinero, lo cierra o lo desatiende. En Puente Real ya lo hizo. Ahora lo está haciendo aquí, pero a mayor escala”, dijo un médico con 12 años de servicio en el hospital.
A pesar de que el Seguro Social no está autorizado para realizar procedimientos estéticos —y que el único centro público en Táchira habilitado para cirugía maxilofacial y reconstructiva es el Hospital Central de San Cristóbal, y solo con fines funcionales—, fuentes confirman que en al menos dos de los cinco quirófanos del Seguro Social se han realizado lipoesculturas, aumentos mamarios y abdominoplastias en las últimas semanas.
Según registros filtrados a este medio, estos procedimientos se programan como “urgencias quirúrgicas” o “procedimientos especiales”, lo que permite sortear controles. Los pacientes pagan directamente en efectivo —entre 500 y 2000 dólares—, y el personal que participa recibe una comisión. El hospital no emite factura ni registra oficialmente las intervenciones.
“Hay días en que se cancelan cirugías oncológicas o de trauma por ‘mantenimiento de quirófano’, pero luego ves entrar a pacientes con carteras de marca y sin historia clínica formal. Sabes qué está pasando”, confesó una enfermera del área quirúrgica.
Paralelamente, este medio tuvo acceso a un informe interno de la Autoridad Única de Salud que detalla el envío, en septiembre de 2024, de un lote de medicamentos oncológicos y antirrechazo valorado en más de 80.000 dólares, destinado específicamente al Seguro Social de San Cristóbal. El lote nunca llegó a su destino.
“El sistema registra la entrega en Caracas, pero en Táchira no hay constancia de recepción. Nadie firmó, no hay acta, no hay custodia. Es como si se hubiera evaporado”, señaló una fuente de la logística hospitalaria.
Trabajadores del almacén central del hospital aseguran que, desde la llegada de Rico, se han intensificado las “salidas no registradas” de insumos, especialmente aquellos de alto valor en el mercado negro o en clínicas privadas.
Cristian Rico no actúa solo. Su ascenso al Seguro Social fue gestionado directamente por Rafael Medina, actual jefe regional del sistema público de salud en Táchira y exdirector del mismo cargo que hoy ocupa Rico. Medina, a su vez, responde directamente a la estructura del gobernador Freddy Bernal.
Fuentes dentro de la administración regional aseguran que este esquema —usar hospitales públicos como fachada para negocios privados— se ha replicado en al menos tres centros de salud del estado: “Primero fue Puente Real, ahora el Seguro Social. El patrón es el mismo: concentrar el control, eliminar la transparencia, y monetizar lo que antes era un servicio”.
Hasta la fecha, ni el Ministerio de Salud, ni la Defensoría del Pueblo, ni la Contraloría General de la República han emitido pronunciamiento alguno sobre las denuncias que, desde hace semanas, circulan entre el personal médico y pacientes.
Este medio solicitó entrevista formal al Dr. Cristian Rico y a la oficina de prensa del Seguro Social en Táchira. No hubo respuesta.
“Yo vine para una cirugía de hernia, pero me dijeron que no había quirófano. El día siguiente, vi a una woman entrando con un maletín de plata. Dijo que era para una liposucción. A mí me mandaron a casa”, contó Juan, 45, paciente del hospital.
“Nos dicen que no hay medicamentos, pero los veo salir en maletas. ¿Dónde van a parar? ¿A quién le sirven?”, se preguntó María, 32, enfermera que prefiere guardar su rostro en el anonimato.
En el mundo de la salud pública, donde cada gota de medicamento y cada minuto de quirófano es una batalla por la vida, el silencio es el eco más doloroso. Las paredes del Hospital del Seguro Social de San Cristóbal guardan secretos que hablan de dolor, de esperanza perdida y de un sistema que parece haber olvidado su verdadero propósito. Mientras tanto, las historias de aquellos que sufren en silencio se repiten, un día tras otro, en los rincones más oscuros de una realidad que grita por ser escuchada.
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