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En una tranquila calle de Lisboa, cerca del Tejo, Adriana Silva, de 34 años, contó su historia con un nudo en la garganta. “Llegué aquí hace siete años con la esperanza de una nueva vida. Ahora, con estas nuevas leyes, mi futuro se ve más incierto que nunca”. Adriana es una de los miles de inmigrantes que han hecho de Portugal su hogar, pero el país está a punto de dejar de ser un refugio amigable para convertirse en uno de los más restrictivos de Europa para obtener la nacionalidad.
La reforma legal, aprobada con los votos de la derecha y la ultraderecha, alarga los plazos de espera para acceder a la ciudadanía de siete a diez años. Además, impone exámenes de lengua y cultura, y exige que los solicitantes no reciban subsidios ni ayudas públicas en el momento de la petición. “No queremos portugueses de ocasión”, afirmó el primer ministro Luís Montenegro, en una comparecencia posterior en su residencia oficial. La nueva norma pretende acabar con “la banalización” en la atribución de la ciudadanía que Montenegro apreciaba en la anterior ley.
Esta ley se suma a los recortes de derechos en la ley de extranjería, que entró en vigor recientemente. El ímpetu de las políticas de rechazo a los extranjeros pobres es particularmente notable en una sociedad marcada por la emigración. Portugal, que tiene 2,1 millones de emigrantes en el exterior (el 21% de su población, según el Atlas de la Emigración Portuguesa), nunca antes había adoptado una postura tan dura con los inmigrantes.
Pero la reforma también entierra el régimen especial para sefardíes, que permitió a figuras como Roman Abramóvich y otros oligarcas rusos obtener la ciudadanía portuguesa. Las irregularidades cometidas bajo el amparo de este régimen, que pretendía compensar a los descendientes de sefardíes expulsados de la Península Ibérica en el siglo XV, están aún en investigación judicial.
Un triunfo político para la ultraderecha
La reforma es un triunfo político para Chega, el partido de ultraderecha y principal fuerza de la oposición en el Parlamento. André Ventura, líder de Chega, ha logrado incorporar a la ley una de sus obsesiones políticas: la cultura de la subsidiodependencia que le achacan a las minorías y extranjeros. Sin embargo, no ha logrado introducir la retirada automática de la nacionalidad a delincuentes condenados por delitos graves, un punto que muchos juristas consideraban excesivo y que podría haber tumbado la norma en el Tribunal Constitucional.
Y es una victoria que llega en pleno escándalo. Los primeros carteles de Ventura como candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán en enero han desatado la polémica. En localidades de la margen sur del Tajo, como Moita y Montijo, han aparecido carteles con frases como “Esto no es Bangladés” y “Los gitanos tienen que cumplir la ley”. Asociaciones romaníes y organizaciones que luchan contra el racismo han anunciado que presentarán quejas ante la Fiscalía y la Comisión Nacional de Elecciones por considerar que incitan al odio y son discriminatorios, delitos contemplados en el Código Penal.
La polémica y la respuesta de Ventura
En respuesta, André Ventura afirmó este martes que no piensa retirar los carteles y se amparó en la libertad. “Finalmente, los amigos de abril, los que llevan el clavel en la mano y dicen ‘libertad hasta el fin’, recurren a la prisión, la retirada de carteles o providencias cautelares cuando no les gustan las palabras o las expresiones”, criticó en la Asamblea de la República durante el debate sobre los Presupuestos del Estado para 2026.
Ventura está acaparando el escaparate mediático. En apenas tres días y tres escenarios distintos, ha repetido que se necesitan “tres Salazares” para “poner orden” en un país “podrido de corrupción, impunidad y delincuencia”. “Yo no tengo saudades [nostalgia] del Portugal de hace 51 años”, le soltó el primer ministro, Luís Montenegro. “La dictadura no combate la corrupción. La dictadura es, en sí misma, corrupción”, agregó.
La política migratoria de Montenegro
Montenegro, que está al frente de un Gobierno de coalición desde 2024, no comparte la retórica incendiaria de Chega, pero se ha acercado a ellos en su gestión del fenómeno migratorio. “Esta ley es fruto del oportunismo político y de una disputa electoral entre Partido Social Demócrata y Chega”, criticó la coordinadora del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Primero pactaron la reforma de la ley de extranjería para endurecer los requisitos para la reagrupación familiar y ahora han negociado los cambios en la ley de la nacionalidad.
La reforma de la ley de la nacionalidad fue aprobada con los votos de los cuatro grupos de derechas, que rozan el 70% de escaños. La geometría parlamentaria cambió radicalmente en la votación de los Presupuestos del Estado para 2026, que se realizó a última hora del martes tras un bronco rifirrafe entre las bancadas de la ultraderecha y los socialistas a propósito de la corrupción. Ventura llegó a arrojar varios documentos al suelo del hemiciclo, que acabaría recogiendo poco después.
El papel del Partido Socialista
Ni Chega ni Iniciativa Liberal (ni tres pequeñas formaciones de izquierdas) apoyaron los presupuestos, que salieron adelante gracias a la abstención del Partido Socialista, tercera fuerza política desde las elecciones de mayo. Es el segundo año que los socialistas auxilian al Gobierno, que carece de mayoría parlamentaria, para aprobar los presupuestos. Y es un balón de oxígeno entregado a pesar de que el líder socialista, José Luís Carneiro, no ha logrado arrancarle a Montenegro el compromiso para aumentar las pensiones más bajas el próximo año. “El PS va a honrar la palabra dada a los portugueses, optando por la estabilidad del país”, justificó.
El impacto humano
Para Adriana Silva, la reforma es una declaración de hostilidad. “Honestamente, me siento como si de repente no valiera nada aquí. ¿Qué futuro hay para mí y mi familia si tengo que esperar diez años para ser considerada portuguesa?”, reflexiona. La nueva ley va más allá de la nacionalidad; es un mensaje claro de rechazo a los inmigrantes más vulnerables.
La verdad es que, en un mundo donde las fronteras y la identidad nacional son cada vez más discutidas, Portugal está enviando un mensaje contundente. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿a qué costo?
Bueno, las políticas migratorias y la identidad nacional siguen siendo temas complejos y sensibles en todo el mundo. Mientras países como Portugal imponen restricciones, otros se esfuerzan por mantener puertas abiertas. En el fondo, todos buscamos un lugar donde pertenecer. Pero ¿a qué costo estamos dispuestos a llegar para sentirnos seguros y valorados?
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