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En un gesto que ha desatado críticas y debates, el primer ministro sueco Ulf Kristersson anunció en septiembre la intención de abajar la edad de responsabilidad penal desde los 15 a los 13 años para los delitos más graves, como el asesinato y los ataques con explosivos. La medida responde a una escalada de violencia letal relacionada con las bandas, donde las redes criminales están cada vez más proclives a reclutar menores para cometer delitos, en un intento de evitar su procesamiento judicial.
El gobierno sueco justifica esta reforma como una forma de cerrar una laguna legal que los grupos delictivos están explotando. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los niños, trabajadores sociales y expertos legales advierten que esta medida no solo podría ser ineficaz para disuadir el delito, sino que también podría socavar los esfuerzos de rehabilitación.
La edad mínima de responsabilidad penal en Europa varía significativamente: desde los 10 años en Irlanda hasta los 16 en Portugal y Luxemburgo. A pesar de estas diferencias, todos los países de la Unión Europea mantienen sistemas de justicia juvenil separados para los menores de 18 años, con un enfoque en la educación y la rehabilitación en lugar del castigo. Sin embargo, este enfoque se ha tornado cada vez más difuso a medida que los debates políticos sobre el crimen juvenil se endurecen.
En Alemania, por ejemplo, la ley penal establece la edad de responsabilidad en 14 años. Los delincuentes entre 14 y 17 años son juzgados en tribunales para menores, donde la rehabilitación, el servicio comunitario y el consejo psicológico son prioridades sobre las penas de prisión. Sin embargo, miembros del conservador Partido Cristiano Demócrata (CDU) y políticos de extrema derecha están presionando para reducir la edad a 12 años, citando un aumento del 11.3% en los casos de violencia juvenil en 2024, aunque estos niveles siguen estando muy por debajo de los registrados a principios de los 2000.
“We están viendo un cambio significativo en la forma en que la sociedad trata a los jóvenes delincuentes. No es solo una cuestión de seguridad, sino de cómo abordamos la vulnerabilidad y la Marginación en nuestras comunidades”, comenta Emilia Rodríguez, psicóloga y experta en justicia juvenil.
Lena Weber, 16 años, estudiante, Berlín:
“Ver a mis compañeros de clase envueltos en delitos menores me preocupa. Hay un clima de miedo en la escuela. Pero, honestamente, no creo que encarcelar a niños más pequeños sea la solución. ¿No deberíamos estar pensando en cómo prevenir que esto pase?”
Michael Götz, 45 años, abogado, Hamburgo:
“La ley debe proteger a las víctimas y a la sociedad en general. Si los menores de 14 años están cometiendo delitos graves, ¿no deberíamos tener la capacidad de juzgarlos? No estamos hablando de castigos brutales, sino de un sistema de justicia que les haga entender las consecuencias de sus actos.”
Irlanda tiene el umbral más bajo de responsabilidad penal en la Unión Europea. Según la Ley de la Infancia, la mayoría de los menores se hacen responsables a partir de los 12 años, pero para delitos graves como el asesinato, el homicidio culposo o la violación, pueden ser procesados desde los 10 años. Este marco ha atraído duras críticas de grupos de derechos humanos, incluidas UNICEF y el Consejo de Europa, que recomiendan un mínimo de 14 años.
“La lógica detrás de esta ley es simple, pero peligrosa. Al criminalizar a niños tan jóvenes, no estamos abordando las raíces del problema. Estamos cultivando un ciclo de violencia y marginalización que será difícil de romper en el futuro”, explica Seamus O’Reilly, activista por los derechos de los niños en Dublín.
Dinamarca ofrece un ejemplo de las consecuencias negativas de políticas punitivas. En 2010, el gobierno de centro-derecha redujo la edad de responsabilidad penal de 15 a 14 años, con la intención de combatir el crimen juvenil. Sin embargo, dos años después, un nuevo gobierno revirtió la medida. Estudios subsecuentes revelaron que la reducción no disminuyó la delincuencia entre los adolescentes y, en algunos casos, aumentó la reincidencia.
Esta experiencia ha servido como un recordatorio para muchos en Bruselas: las reformas punitivas pueden tener un atractivo político a corto plazo, pero rara vez brindan resultados duraderos. En un mundo donde la vulnerabilidad y la marginalización son factores clave en la delincuencia juvenil, la pregunta crucial sigue siendo: ¿cómo ayudamos a los jóvenes a evitar el camino del crimen en primer lugar?
La verdad es que el desafío no radica tanto en bajar la edad de responsabilidad penal, sino en cómo nuestras sociedades abordan las desigualdades y la falta de oportunidades que empujan a los jóvenes hacia el delito. Mientras no encontremos una respuesta a esto, seguirán surgiendo las mismas preguntas.
¿Qué estamos dispuestos a hacer para romper este ciclo?
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