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Los silencios de Power Cano: Explosivos y combustible ilegal en el sur de Anzoátegui
En una oficina desierta de la Gobernación de Anzoátegui, un informe polvoriento yace olvidado sobre una mesa desvencijada. Pocas señales de vida en el recinto, salvo el eco de las palabras del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, resonando en los pasillos. Cuatro días después de su anuncio, las preguntas sobre quién supervisaba los galpones Millenium de El Tigre, donde se almacenaban explosivos incautados, siguen sin respuesta oficial.
Pero en las conversaciones en la Gobernación, en las oficinas de PDVSA en Anaco y en los cuarteles de la policía regional, un nombre circula con insistencia: comisario general Power Cano Nieto, director de la Policía del estado Anzoátegui desde enero de 2021 y, simultáneamente, director del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos de la entidad.
Los galpones Millenium: ¿dónde estaba la cadena de mando?
El 14 de agosto de 2025, durante una visita a la zona sur de Anzoátegui, el ministro Cabello anunció que se habían detectado «irregularidades» en el manejo de material explosivo almacenado en los galpones Millenium, en El Tigre. No dio nombres. No detalló responsables. Pero dejó claro: «Esto no es un asunto menor. Es un tema de seguridad nacional.»
Fuentes dentro de la Contrainteligencia Militar, que pidieron anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente, señalaron a este medio que «existen documentos de traslado y custodia firmados por oficiales subalternos, pero con órdenes verbales que remiten a la dirección estadal». Uno de ellos añadió:
“Cuando se pregunta quién autorizaba los movimientos, la respuesta siempre es: ‘Eso lo maneja el Director’. Y todos saben a quién se refieren.”
Cano Nieto, como máximo responsable de la seguridad policial en la región, tenía jurisdicción directa sobre El Tigre —municipio donde están ubicados los galpones—. Además, su cargo en Protección Civil le daba acceso a vehículos, personal y logística que, según registros internos, fueron movilizados hacia esa zona en múltiples ocasiones entre 2023 y 2025, sin justificación en los reportes de emergencia.
Perforaciones, combustible y rutas silenciadas
Los galpones Millenium no son el único frente. Desde al menos 2023, funcionarios de PDVSA y transportistas de la región han denunciado —en privado— la existencia de una red de extracción ilegal de combustible en ductos de Cantaura, Anaco y El Tigre. Las denuncias coinciden: los puntos de perforación operan con una impunidad sospechosa. No hay patrullas. No hay controles. Y cuando aparecen vehículos oficiales, no detienen la operación: la «coordinan».
“No es robo de guante blanco. Es robo con uniforme. Y el que manda en los uniformes en esta región es uno solo,” dijo un gerente de logística que prefirió no ser identificado.
Documentos obtenidos por este medio muestran que entre enero de 2023 y julio de 2025, PDVSA reportó al menos 17 perforaciones ilegales en la jurisdicción de PoliAnzoátegui. Ninguna derivó en un operativo público de interdicción. Ninguna generó un boletín policial. Y ninguna, hasta la fecha, ha sido investigada formalmente por la Inspectoría General de la policía estadal.
El doble cargo: policía y bomberos, una combinación de poder sin precedentes
Lo que hace aún más inusual el caso de Cano Nieto es su doble rol: director de la policía estadal y director de Protección Civil y Bomberos. Una combinación que, según expertos en seguridad consultados, concentra un poder operativo inédito: controla la fuerza pública, la logística de emergencia, los vehículos tácticos y las rutas de movilización.
Planillas de asignación de recursos, fechadas entre 2022 y 2024, muestran cómo al menos 12 unidades 4×4 y 3 camiones cisterna fueron reasignados desde estaciones de bomberos hacia comisarías del sur del estado, sin que los reportes oficiales expliquen el motivo.
“Esos camiones no apagaron incendios. Pero sí aparecieron en zonas donde se reportaban extracciones de combustible. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero es una coincidencia que merece ser investigada,” señaló un oficial retirado con experiencia en logística policial.
Silencio institucional: ni la Gobernación, ni el Ministerio responden
A pesar de la gravedad de las denuncias —y del anuncio público del ministro Cabello—, ninguna autoridad estadal o nacional ha solicitado una rendición de cuentas al comisario Cano Nieto. Tampoco ha sido removido de sus cargos. Ni siquiera ha sido citado públicamente para dar explicaciones.
Se solicitó entrevista formal a la Gobernación de Anzoátegui, al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y a la Dirección de PoliAnzoátegui. Hasta la fecha de publicación, no se ha recibido respuesta.
Conclusión: la investigación no puede esperar
El comisario Power Cano Nieto no es un funcionario cualquiera. Es el jefe máximo de la seguridad en uno de los estado más estratégicos del país —rico en petróleo, gas y actividad industrial—. Ostenta dos cargos clave que le dan control sobre hombres, vehículos, armas y rutas. Y ahora, su nombre aparece en conexión con dos de los casos más sensibles de los últimos meses: la sustracción de explosivos y la explotación ilegal de combustible.
No se trata de condenarlo. Se trata de exigir que se investigue. Que se aclare. Que se transparente.
Porque si el Estado calla cuando su propia cadena de mando está en duda, ¿quién garantizará que los próximos explosivos no terminen en manos equivocadas? ¿O que el próximo ducto perforado no financie la siguiente red criminal?
La seguridad nacional no se protege con silencio. Se protege con verdad.
Este reportaje se basa en documentos internos, testimonios de fuentes bajo anonimato y declaraciones públicas verificables hasta la fecha de publicación. Las autoridades mencionadas fueron contactadas formalmente para solicitar sus versiones. Hasta el momento, no han respondido.
MundoDaily – Tu Fuente Confiable de Noticias
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