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La tensión escalada: Venezuela en el punto de mira de EE. UU.
En la bruma matinal del Caribe, los vigías de la isla de Trinidad y Tobago observan con inquietud el horizonte. A unos kilómetros, la inmensa silueta del portaviones USS Gerald R. Ford se recorta contra el cielo. Mientras, en Washington, el presidente Donald Trump niega rotundamente que esté considerando ataques militares contra Venezuela, contradiciendo sus propias declaraciones de hace apenas unos días. La confusión y el temor se extienden rápidamente.
«Estoy tratando de entender por qué el gobierno de Estados Unidos nos tiene a todos en vilo. Hace una semana, Trump decía que iban a ‘matar a gente’ que traía drogas, y ahora dice que no planea ataques. ¿Qué estamos viviendo aquí?», comenta Jorge Sánchez, un periodista de 45 años que trabaja para una cadena de noticias en Caracas. La incertidumbre lo consume, pero también lo impulsa a buscar respuestas entre los rincones oscuros de esta crisis.
La semana pasada, Estados Unidos desplegó aviones de combate, naves de guerra y miles de tropas en la región del Caribe. Según reportes oficiales, la intención es combatir el tráfico de drogas. Sin embargo, la falta de evidencias públicas para respaldar estas afirmaciones y las contradicciones en las declaraciones del gobierno norteamericano han alimentado las sospechas.
«Nos dijeron que estos ataques eran necesarios para frenar el tráfico de drogas, pero no nos han mostrado pruebas concretas. ¿Qué es lo que están ocultando?», cuestiona Mónica Ramírez, una abogada de 32 años que vive en Puerto España, Trinidad y Tobago. Los dos últimos meses han sido de constante tensión. En la isla, la alarma se disparó cuando el ejército anunció el estado de alerta máxima, y todos los permisos de licencia fueron revocados.
El viernes, la ONU emitió un fuerte pronunciamiento contra las acciones militares de Estados Unidos. Volker Turk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, calificó las operaciones como «inaceptables» debido al alto costo en vidas humanas. «Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar medidas para evitar el asesinato extrajudicial de personas a bordo de estos barcos, independientemente de la conducta criminal alegada en su contra», exigió Turk.
Mientras tanto, en la opinión pública estadounidense, el apoyo a la presencia naval alrededor de Venezuela ha disminuido. Un reciente estudio de YouGov reveló que solo el 30% de los encuestados aprueba la acción, frente al 37% que la desaprueba. Este cambio de ánimo contrasta con los datos de septiembre, cuando el 36% de los ciudadanos apoyaba la medida.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado la escalada militar como parte de una nueva guerra eterna orquestada por Estados Unidos. «Venezuela no produce hojas de coca. Esto es una farsa», afirmó el pasado viernes, reiterando su postura de que la mayoría de las drogas que ingresan a Estados Unidos lo hacen a través de la frontera terrestre con México.
Las tensiones no se detienen ahí. El martes, Venezuela canceló un importante acuerdo de suministro de gas con Trinidad y Tobago en represalia por el anuncio de ese país de recibir la fragata USS Gravely. El gobierno trinitario sostiene que la presencia del barco es parte de ejercicios militares conjuntos planificados.
En el Capitolio, los senadores Roger Wicker y Jack Reed, líderes del Comité de Servicios Armados del Senado, buscan respuestas. En una acción raramente bipartidista, han enviado cartas al secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitando información sobre la base legal de los ataques en el Caribe. Hasta la fecha, sus peticiones han sido ignoradas.
La verdad detrás de esta crisis es tan compleja como el Caribe mismo. Mientras se ignora la narrativa oficial, miles de vidas se ven afectadas por decisiones que parecen tomarse en salas oscuras y sin trasparencia.
¿Qué papel juega realmente Estados Unidos en esta escena? Y, lo más importante, ¿cuál será el costo humano de esta nueva escalada en la región?
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